vie

07

feb

2014

El TS condena a cuatro años de cárcel a un exalcalde que contrató a dedo a su hermana en una ludoteca que no funcionaba

 

Percibió nóminas durante meses sin desarrollar ninguna actividad laboral ya que la ludoteca solo prestaba servicios en vacaciones

 

 

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años y medio de cárcel impuesta al ex alcalde socialista del Valle Gran Rey, en La Gomera, Ruyman García por contratar irregularmente durante siete meses a su hermana en una ludoteca que no funcionaba.

 

La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso que interpuso el político socialista contra la sentencia dictada en diciembre de 2012 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que le consideró culpable de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

 

En la sentencia, hecha pública este viernes, se declara probado que García, entonces primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, formalizó el contrato de jornada completa de una mujer con "plena consciencia de su ilegalidad y en virtud de sus lazos personales" desde el 14 de enero hasta el 3 de julio de 2008 como monitora de ludoteca.

 

La mujer fue contratada durante los meses en los que el servicio de la ludoteca era "inexistente" ya que solo se proporcionaba en períodos de vacaciones escolares, por lo que percibió el correspondiente salario sin desarrollar ninguna actividad laboral.

 

El entonces primer teniente autorizó los pagos del contrato, con un salario bruto de 5.700 euros y gasto de Seguridad Social por importe de 1.711,10, lo que supuso un coste total de 7.411,96 euros, si bien las nóminas correspondientes a los meses de junio y julio de 2008 no llegaron a hacerse efectivas debido al inicio de una investigación por orden del alcalde de la Corporación Local que ordenó la paralización de los pagos.

 

CLIENTELISMO POLÍTICO

 

El acusado no puso esta situación en conocimiento de los departamentos encargados de su fiscalización, ni tampoco remitió para su intervención y contabilización las nóminas del personal del Ayuntamiento correspondientes a los primeros meses de 2008, quedándose las mismas en su Concejalía.

 

El alto tribunal ratifica que la contratación "se hizo al uso, sin atender en absoluto al procedimiento legal, sino al meramente usual, que se reconoce funcional al puro clientelismo político, lo que términos penales significa antijuridicidad por anteposición de espurios intereses particulares al general, al que debe servir quien desempeña funciones públicas".

 

Confirma que el condenado buscó "con ardides, la ocultación que garantizase el éxito de la tropelía" al ocultar a los órganos de control los contratos, cuya presentación haría ostensible la ausencia de procedimiento alguno para su suscripción. "Y de esa suerte pudo, con la demora de meses, lograrse la percepción de nóminas, incobrables luego de proclamada la existencia de las deficiencias denunciadas", concluye.

 


Fuente: www.publico.es

 

mié

20

nov

2013

El Supremo confirma la nulidad de las cláusulas suelo

La sentencia obliga a la banca a advertir expresamente a los clientes de que si firman una hipoteca con cláusula suelo no podrán beneficiarse de determinadas bajadas del euríbor.

 

El Tribunal Supremo ha rechazado el incidente de nulidad interpuesto por BBVA y Cajamar contra su sentencia en la que anulaba las cláusulas suelo en los casos en los que se produzca una falta de transparencia, abriendo así la vía para que las entidades de crédito acudan al Tribunal Constitucional.

En un auto notificado hoy, el pleno de la sala civil del alto tribunal rechaza el argumento de los recurrentes -a los que se adhirió NCG Banco- de que su sentencia fuera incongruente por basar la nulidad de las cláusulas en la falta de transparencia y no en el "desequilibrio" entre las obligaciones de las partes alegado por Ausbanc.

La sala responde que esta asociación también alegó la falta de conocimiento real del alcance de dichas cláusulas por parte de los consumidores y recuerda que, de hecho, las entidades de crédito defendieron la transparencia y claridad de las mismas. Por ello concluye que "la sentencia cuya nulidad se pide no se apartó de las cuestiones debatidas en el proceso" y añade que "las partes tuvieron oportunidad de realizar alegaciones y prueba sobre las mismas y que el fallo no fue extraño a las pretensiones ejercitadas".

También rechaza el Supremo que su resolución no sea válida porque, a partir de un caso concreto, anulara todas las cláusulas suelo en las que se acreditara falta de transparencia sin tener en cuenta "las características concurrentes en cada caso concreto y en cada contrato".

Los magistrados responden que su decisión está plenamente justificada "por la existencia de condiciones generales de contratación empleadas en una pluralidad de contratos y en la utilización por las entidades demandadas de pautas estandarizadas en la contratación de estos préstamos, propias de la contratación en masa".

Obligación de informar a los clientes

A las alegaciones de indefensión planteadas por las entidades de crédito, que criticaron al Supremo por establecer una jurisprudencia "innovadora" en cuanto al control de la transparencia, el tribunal contesta que esto "no es un hecho en sí mismo negativo, sino una muestra del progreso de la citada jurisprudencia, que no puede considerarse infractor del ordenamiento".

El pleno de la Sala de lo Civil deliberó el pasado 23 de octubre sobre los incidentes de nulidad de la sentencia, que obliga a la banca a advertir expresamente a los clientes de que si firman una hipoteca con cláusula suelo no podrán beneficiarse de determinadas bajadas del euríbor, si bien no ha sido hasta hoy cuando ha hecho pública su decisión. No obstante, fuentes de BBVA han subrayado que la entidad dejó de aplicar estas cláusulas el 9 de mayo, tal y como establecía la sentencia del Alto Tribunal, por lo que la resolución del incidente de nulidad no tiene efecto sobre los clientes, que ya se han beneficiado de su retirada.

 

Fuente: www.elcomercio.es


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mié

13

nov

2013

El juez absuelve a todos los acusados por la catástrofe del Prestige

La sentencia señala la "dificultad de atribuir responsabilidades penales" puesto que "nadie sabe exactamente la causa de la avería" del buque.  Condena al capitán del buque a 9 meses de prisión por un delito de "desobediencia grave". Exime de responsabilidad a la Administración.

 

El juez del caso Prestige ha absuelto a los tres únicos acusados por la mayor catástrofe medioambiental vivida en España: el capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas,Nikolaos Argyropoulos, y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors,único miembro de la Administración al que se le atribuyó alguna responsabilidad. Con la absolución de López Lors, el tribunal exime también de responsabilidad a la Administración, al entender que no provocó la catástrofe sino que trató de solucionarla y evitar daños materiales y humanos, por lo que el Gobierno queda exento de sufragar los daños que se le reclamaban.

El magistrado los absuelve de los delitos contra el medio ambiente y daños en espacios naturales protegidos y únicamente condena al capitán del buque a una pena de 9 meses de prisión por ser el "autor criminalmente responsable de un delito de desobediencia grave".

El cuarto acusado, el primer oficial, Ireneo Maloto, queda excluido de esta sentencia porque no llegó a ser juzgado, al encontrarse en paradero desconocido. 

La sentencia reconoce los daños económicos que sufrió la costa: "63.000 toneladas de fuel, 170.000 residuos, 2.900 kilómetros de costa y 1177 playas afectadas", pero asegura que "no existe responsabilidad penal", puesto que "nadie sabe exactamente la causa de la avería". En este sentido, el fallo establece, entre una de sus conclusiones, "la dificultad de atribuir responsabilidades precisas y la imposibilidad de investigar en detalle algunas cuestiones", aunque considera probado que hubo un fallo estructural en el petrolero, un "mantenimiento deficiente". "La empresa propietaria del barco sabía que sus condiciones no eran las adecuadas pero lo ocultó", ha dicho el magistrado durante la lectura del fallo.

Para los tres acusados se pedía una condena de entre 5 y 12 años de cárcel, aunque era improbable que fueran a prisión dada su avanzada edad y la petición expresa del fiscal de Medio Ambiente y los letrados de las acusaciones al respecto.

Contra la sentencia cabe un único recurso extraordinario de casación ante el Tribunal Supremo.

La sentencia por los daños derivados del hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 ante las costas de Galicia ha marcado el punto y final de un prolongado camino judicial sobre la mayor catástrofe medioambiental ocurrida en España.

El fallo ha llegado en el 11 aniversario de la fatídica tragedia y ha sido leído en la sala primera delTribunal Superior de Xustiza de Galicia por el magistrado Juan Luis Pía, presidente del tribunal que juzgó los hechos desde noviembre de 2012 hasta el pasado julio.

El macrojuicio ha sido el de mayores dimensiones celebrado en Galicia. Ha durado ocho meses, 400 horas en 89 sesiones, y 204 declaraciones de testigos y peritos. 

Aún así, muchas han sido las organizaciones ecologistas y sociales que han denunciado que en el banquillo de los acusados no se hayan sentado los responsables políticos de aquel entonces, entre ellos el exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, o el propio Mariano Rajoy, que ejercía como vicepresidente del Gobierno. El propio juez del caso reconoció en su día que "faltaban muchos implicados".

En total, el 'Prestige' vertió al mar unas 63.000 toneladas de fuel generando una marea negra que afectó a la costa gallega y a las de Asturias, Cantabria y Francia.


Fuente: www.publico.es

 

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